Entre el 85% y el 90% de la población ha manifestado que no quiere que aquí se implante un esquema de comunismo totalitario como el cubano

Los hermanos Castro se han encargado de aclararnos a los venezolanos hacia dónde nos lleva el gobierno con su socialismo del siglo XXI. Primero fue Raúl, Presidente de Cuba, quien en el mes de abril pasado dijo en Maiquetía que se complacía sobremanera del acercamiento y la hermandad de los dos países, concluyendo con una frase lapidaria: “cada día somos la misma cosa”. Más recientemente, Fidel Castro, padre político y tutor del presidente Chávez, dijo que “el socialismo es el comunismo, lo que el propio Marx definió como comunismo”. Ante semejantes declaraciones dadas por esos dos faros, guías y paladines de la revolución bolivariana, creo que no queda duda acerca de lo que realmente es y hacia dónde vamos con el socialismo del siglo XXI.

Llama la atención, sin embargo, la hipersensibilidad gubernamental a cualquier manifestación o insinuación de que la intención última del régimen es llevarnos a un socialismo similar al existente en la isla caribeña. Afloran de inmediato los epítetos e insultos contra aquellos que se atreven a insinuarlo o denunciarlo, acusándolos de mentirosos y manipuladores que pretenden crear zozobra entre la población, insistiéndose una y otra vez que no es la intención del gobierno quitarle la vivienda a nadie, o conculcarle los derechos a la población, ni imponer en Venezuela un sistema como el cubano. No obstante, los hechos cada vez dan más la razón a quienes alertan sobre esos peligros.

Ya no son sólo los latifundistas o los grandes empresarios los que sufren los atropellos gubernamentales al irrespetárseles sus derechos de propiedad, sino que también son los propietarios de pequeños fundos o de modestos negocios los que tienen que soportar arbitrariedades similares, arrebatándoseles sus empresas o modos de vida sin recibir a cambio las debidas compensaciones. Baste recordar los casos de los contratistas de Pdvsa en la costa oriental del Lago, los pequeños comerciantes del mercado de Quinta Crespo, los carniceros detenidos por vender a precios superiores a los regulados, los pequeños joyeros del edificio La Francia que perdieron su lugar de trabajo por un capricho presidencial, y tantos otros. Adicionalmente, las leyes draconianas y abiertamente inconstitucionales que se están aprobando conculcan flagrantemente los derechos de propiedad de la población, al punto de que cualquier construcción ubicada en un terreno urbano puede dejar de ser propiedad de su legítimo dueño con una simple decisión de una autoridad gubernamental, que declare que ese terreno es de utilidad pública. Igual sucede con la propiedad de las tierras agrícolas, la cual está supeditada a la voluntad de los funcionarios del Inti.

Creo entonces que hay sobradas razones para que los venezolanos nos preocupemos con lo que está sucediendo. Entre el 85% y el 90% de la población ha manifestado una y otra vez en las encuestas y en los focus groups que no quiere que aquí se implante un esquema de comunismo totalitario como el cubano. Tendrá que estar allí la razón de las reiteradas negativas de los voceos gubernamentales acerca de la verdadera intención atrás de las decisiones del gobierno, quien con sus acciones pretende llevarnos hacia donde no queremos ir. Dudo, sin embargo, que un pueblo con tan arraigada voluntad democrática permita que se le imponga un esquema político totalitario y caduco, que ha fracasado rotundamente en todos los países donde se ha pretendido implementar. ¡Absurdo que se nos quiera imponer un sistema político del que todos se están apartando!